Sanitarios canarios exploran la vía de la objeción para no atender a antivacunas.

La pandemia del coronavirus no solo ha supuesto un reto médico y científico, sino que ha abierto una serie de debates legales, éticos y morales que han ido desembocando en los juzgados. La exigencia de un pasaporte covid para poder acceder a determinados establecimientos, la obligatoriedad de vacunar al personal de las residencias de ancianos o las sanciones por no llevar la mascarilla han sido algunos de ellos, pero nadie se había atrevido a realizar una propuesta tan “políticamente incorrecta”: que los profesionales sanitarios puedan negarse a atender a los antivacunas. Al menos, hasta ahora. Porque una asamblea que aglutina a 11.000 trabajadores de este ámbito de Canarias ha solicitado a la Consejería de Sanidad de esta comunidad que elabore un informe jurídico que explore la posibilidad de aplicar la objeción de conciencia en estos casos. Una posibilidad cuyos propios impulsores reconocen que tiene poco recorrido y que ha descartado por completo el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas.

Asamblea7islas ha sido la asociación que ha decidido “abrir este melón” y “elevar la voz” ante la “inquietud y el clamor” de los profesionales sanitarios que ven como “las plantas y las UVI están copadas de gente que no se ha vacunado” y que está provocando “retrasos en las intervenciones en quirófano, aumento de las listas de espera y que no se reduzca la carga de trabajo” que se disparó con la pandemia.

Su portavoz en Tenerife es Pablo León, quien reconoce a El Confidencial que la postura que han expresado es “contundente”, pero que afirma que responde al “hastío y el cansancio de los profesionales”. “No vamos en contra de nadie”, aclara, pero exige respeto porque “es una postura igualmente lícita que la de los antivacunas”.

Aunque hay quien no lo entiende igual, explica antes de relatar que, desde que hicieron pública su postura, han recibido llamadas de personas que les insultan y tachan de “asesinos”. “Incluso de madrugada y mezclando asuntos que no tienen nada que ver. Nos preguntaban que qué pensábamos de la leche materna o sobre los vientres de alquiler y nos han llamado médicos de Madrid diciendo que nos iban a denunciar”, cuenta León.

Los impulsores han recibido llamadas de madrugada en las que los insultan

El portavoz de la asamblea, a la que pertenecen empleados de 27 categorías laborales distintas, asegura que había una inquietud entre la plantilla y que lo único que han hecho ha sido recogerla y trasladarla a la Administración para que se explore la posibilidad de que se extienda la cláusula de objeción de conciencia a estos casos. Para ello han solicitado un informe jurídico a la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario, que no ha contestado ni se ha puesto en contacto con los representantes de Asamblea7islas.

Este periódico consultó al Ejecutivo autonómico sobre este asunto, aunque finalmente declinó hacer valoraciones. Quien sí quiso expresarse fue el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera Navarro, que cortó de raíz cualquier aspiración a acogerse a planteamientos morales o ideológicos para negarse a atender a un negacionista de la pandemia.

"Ningún médico puede rechazar a un enfermo por sus ideas"

Cabrera, que recuerda que “las cuestiones éticas son competencia del Colegio, no de la Consejería”, se expresa con rotundidad al afirmar que “ningún médico puede rechazar a un enfermo por sus ideas”, ya que “sería una falta deontológica grave”. “Quién tenga noticia de algún caso, y tenga pruebas de ello, lo debe denunciar a la Comisión de Ética y Deontología del correspondiente Colegio de Médicos”, pues “en este asunto no cabe la objeción de conciencia”.

El presidente de este órgano colegial hace hincapié en que los supuestos en los que un médico puede ejercer este derecho están recogidos por ley, “como es el caso de la eutanasia”, y señala que no tienen constancia de que ningún facultativo haya realizado reivindicación alguna en este sentido.

Pablo León asume, “con franqueza”, que la iniciativa “tiene poco recorrido”, porque transita por “la línea delgada que separa la legalidad y la moralidad”, pero destaca que han abierto “un melón políticamente incorrecto” que persigue “la reducción de la carga asistencial”.

Insiste en que la mayoría de los recursos sanitarios se están destinando a la atención de pacientes covid y que esta situación está provocando, por ejemplo, que se ralenticen tratamientos no urgentes contra el cáncer. “Si quieren realmente agradecer la labor de todos los trabajadores de la sanidad pública canaria que han puesto en riesgo su salud durante esta pandemia, vacúnense”, solicitaba la citada asamblea en un comunicado, en el que aseguraba que han llegado a tener en planta o en las UCI a “30 pacientes declarados negacionistas”. “Son camas a las que no pueden acceder enfermos con otras patologías que siguen conviviendo con nosotros”.

No obstante, lo cierto es que el porcentaje de los vacunados con la pauta completa en Canarias ha superado el 80 por ciento de la población mayor de 12 años, por lo que parece evidente que existe una gran aceptación a inocularse.

“Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho en el que las libertades individuales están garantizadas”, se congratula el portavoz, que sin embargo desliza la posibilidad de que se cree “un censo”, que “no sería público”, en el que se incluya a las personas que no se quieran vacunar. “Entiendan, no estamos en la Alemania nazi. Sería para conocer los motivos de estas personas y tratar de darles otras opciones”. Porque “me da igual que el remedio sea una vacuna, una fruta o un puchero”.

La asamblea desliza la posibilidad de "un censo privado" con los no vacunado.

“A día de hoy, no tengo constancia de que ningún sanitario se haya negado a atender a nadie que haya enfermado de coronavirus tras no haberse querido vacunar”, confirma el portavoz de Asamblea7islas, pero hace hincapié -como plasmaron en su comunicado- que existe un “rechazo por parte de muchos trabajadores de la sanidad” a tratar a estos pacientes porque “no vacunarse es perjudicial para la salud individual y colectiva y puede llevar a la muerte”.

Una argumentación que, por ejemplo, podría justificar que no se atendieran a los fumadores que desarrollasen patologías relacionadas con el consumo de tabaco o al conductor que se pone al volante bajo los efectos del alcohol y sufre un accidente.