Canarias tiene un déficit de 7.500 plazas en residencias de mayores

Canarias tiene un déficit de 7.573 plazas en residencias de mayores. Se trata de una de las comunidades autónomas con menor número de plazas por cada 100.000 habitantes, solo por delante de Galicia, Comunidad Valenciana y Murcia. Así se desprende del último informe realizado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales y hecho público este lunes, que destaca que las diferencias también alcanzan a la proporción entre plazas de financiación pública y las de financiación privada.

En comunidades como Galicia, Canarias y Madrid, existe un número mayor de plazas residenciales de financiación privada que pública. En el Archipiélago solo el 40% de sus plazas residenciales tienen financiación pública (4.137) frente al 59% privadas (5.842). De hecho, la mayor parte de estos centros para personas mayores se localizan en Tenerife y son de carácter privado.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que se cumpla la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100.000 personas mayores de 65 años y solo cinco comunidades autónomas lo cumplen: Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias. Canarias, por su parte, cuenta con una ratio de 1,18 plazas por cada 100.000 habitantes en la pública y 1,66 en la privada. Las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, sólo constituyen 2,6 por cada 100 mayores de 65 años. En este punto, la asociación recuerda que que recordar unas 100.000 personas, que tienen reconocido actualmente grado II y III de dependencia, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho. Se puede estimar que más de la mitad de los grandes dependientes y dependientes severos solicitan una residencia o una prestación económica vinculada para ser atendidos en un centro residencial.

Unas 5.000 plazas se encuentran en construcción gracias al actual Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, pero la COVID-19 volvió a ralentizar la construcción de estos espacios y, aunque se terminase este año, seguirían haciendo falta más de 2.000 plazas con los datos actuales, según ha destacado varias veces el director de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero.

En toda España el 62% de las 389.031 plazas son públicas

En el conjunto del país, hay 389.031 plazas residenciales para personas mayores en 5.542 centros (1.435 centros son centros públicos y 4.107 son privados). El 62% (242.206) son de financiación pública y el 38% (146.825) son plazas de financiación privada. Además, el índice de cobertura de plazas por personas mayores de 65 años en España es de 4,2% (un 2,6% de plazas de financiación pública -propias o concertadas- y un 1,6% de financiación privada). No obstante, la ratio de plazas residenciales para personas mayores se mantiene por debajo del criterio marcado por la OMS. Siguen faltando más de 70.000 plazas residenciales en España.

Según el informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, el número medio de plazas por centro es de 70 Plazas (la media más alta está en la C. Madrid, 110 plazas por centro, y la más baja, la de Extremadura, 46).

Otro dato relevante es que el 80% de las personas que viven en residencias tiene más de 80 años y el 71% son mujeres. Así mismo, el precio público por usuario es 20.686 euros al año y el de la concertación es de 19.324. La aportación promedio del usuario es del 36% y 40% respectivamente. 

El número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9,2 millones en 2020. Sin embargo, en este mismo tiempo las plazas residenciales solo se han incrementado en 20.226, según el informe recientemente publicado por el IMSERSO.

Precios de las residencias

Las diferencias alcanzan a los precios en las plazas residenciales de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados y, especialmente, lo que abonan los propios usuarios en estos centros, en este aspecto encontramos una horquilla que va desde cuantías inferiores a los 7.000 euros anuales en Comunidades como la Comunidad de Valencia, La Rioja, Andalucía, la Comunidad de Madrid o Catalunya, hasta más de 8.000 euros anuales en Aragón, Murcia, Navarra o País Vasco; en estas dos últimas Comunidades con cuantías que superan los 10.000 y los 11.000 euros respectivamente.

En este punto, la asociación recuerda que la pensión media en España no alcanza los 1.000 euros mensuales (1.140 euros la de jubilación y 713 la de viudedad).

Otros retos

Otro debate pendiente es el de la ubicación de las plazas residenciales en el territorio, ya que su carencia se centran en las grandes urbes, mientras que en los medios rurales, en ocasiones excedentarios en plazas, no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios y de sus habitantes de más edad, constituyendo un factor que agudiza el vaciamiento de estas zonas, con una gran carga de sufrimiento para quienes a una edad muy avanzada se ven obligados a abandonarlos.

La asociación lamenta que las residencias para mayores han sido lugares donde el COVID 19 ha hecho estragos. La edad de quienes las habitan (en su mayoría más de 80 años), la fragilidad de su salud y la convivencia en un mismo entorno, con ausencia de dormitorios individuales, hacen que hayan constituido uno de los escenarios más expuestos a la enfermedad y a su contagio, y que sus consecuencias hayan sido más letales.

"Este hecho nos impele a reabrir antiguos debates como el de las ratios de plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores, especialmente pensando en la necesidad de incrementar la ratio de gerocultores/as y reformular sus funciones y su remuneración", recuerda la asociación. Además, cree necesario un debate en profundidad sobre el modelo residencial, para superar el modelo asistencialista y sobreprotector que todavía impregna estos centros, avanzando hacia modelos que ofrezcan entornos íntimos, evitando la masificación y facilitando la convivencia y el desarrollo del proyecto vital de cada persona desde la perspectiva de que estos centros son lugares para vivir y convivir (sustituyen a los hogares familiares) y no centros sanitarios.